Ayer, en Madrid, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para "el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial". Esta regulación, que tiene como objetivo garantizar un uso ético, inclusivo y beneficioso de la IA, sancionará ciertas prácticas con multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual de las empresas. Entre ellas, la falta de etiquetado de cualquier imagen, audio o video generado o manipulado por la IA.
El proyecto de ley se alinea con las directrices del AI Act que impone estrictas obligaciones de transparencia a los sistemas de IA considerados de alto riesgo. Oscar Lopez, ministro de Transformación Digital y Función Pública, destacó durante la conferencia de prensa que siguió al Consejo de Ministros que "España es uno de los primeros países de la Unión Europea en aplicar estas normas, consideradas más completas que las de Estados Unidos, que se basan en gran medida en el cumplimiento voluntario y una serie de regulaciones estatales."
Además de la falta de etiquetado de contenidos generados por IA, considerada una infracción grave, la legislación también apunta a otras prácticas de riesgo. Entre ellas, el uso de técnicas subliminales destinadas a manipular a grupos vulnerables. Oscar Lopez mencionó el ejemplo de chatbots que identifican a usuarios adictos al juego y explotan esta debilidad para incitarlos a jugar más. También mencionó juguetes interactivos que animan a los niños a realizar desafíos peligrosos.
La ley prohíbe, por otra parte, la clasificación biométrica basada en el origen étnico, las opiniones políticas, la religión o la orientación sexual. El scoring social, es decir, la evaluación de individuos en función de comportamientos o características personales, está prohibido cuando se utiliza para restringir el acceso a subvenciones, denegar un préstamo o predecir la probabilidad de que una persona cometa un delito a partir de sus datos personales, como antecedentes familiares, lugar de residencia o nivel de educación.
La aplicación de estas nuevas reglas recaerá en la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA), la primera autoridad pública europea dedicada exclusivamente a la regulación y supervisión de la inteligencia artificial. Sin embargo, algunos ámbitos estarán sujetos a vigilancia sectorial: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) gestionará las cuestiones relacionadas con la biometría, la Junta Electoral Central supervisará los sistemas de IA susceptibles de influir en el proceso democrático, mientras que el Consejo General del Poder Judicial será responsable de los que impacten en la aplicación de la justicia.